Democracia a la española

En el Estado español, como en otros muchos estados del mundo, hay un sector social, ultraderechista y ultranacionalista, que decide cuándo el pueblo está preparado para la democracia y cuándo necesita una buena dictadura para achicar los ánimos.
En 1936, lo más rancio de la sociedad española, apoyado en lo peor de su ejército colonial africano, decidió acabar con la República porque no les gustaba lo que salía de las urnas. Así que mataron a decenas de miles de personas e instauraron un régimen de terror que duró 40 años. Sólo en Euskal Herria asesinaron a 6.000 militantes independentistas y de izquierda, la lengua y la cultura vasca fueron prohibidas, las cárceles se llenaron, miles partieron hacia el exilio…
Cuando Franco envejecía, y una vez que su dictadura ya había conseguido sus objetivos, las élites conservadoras españolas y el gobierno norteamericano empezaron a diseñar la transición a un sistema político más potable. Y resolvieron que el Rey Juan Carlos I sería el sucesor del Caudillo, armando bajo él una estructura de poder continuista a la que los demás debían sumarse sin rechistar.
A cambio de su legalización, los partidos españoles de izquierda y la burguesía nacionalista de Cataluña y el País Vasco aceptaron al rey impuesto y se involucraron en la construcción del viejo-nuevo sistema, que dejaba impunes todos los crímenes del franquismo, descartaba el derecho de autodeterminación para las naciones sin estado y asignaba al ejército la tarea de defender la “unidad de España”. Así, tras una mutación vertiginosa, los líderes del PSOE pasaron de apostar por la autodeterminación de Euskal Herria a montar grupos para-policiales para asesinar a refugiados vascos. Y, de esta forma, con la izquierda y la derecha haciendo piña en el combate contra el independentismo, el conflicto vasco se mantuvo en términos similares a los de la época franquista: persecución política, enfrentamiento armado, represión feroz, vulneración de derechos y libertades, guerra sucia, ataques a la cultura vasca…
En los últimos 35 años, más de 300 vascos han muerto víctimas de la represión, la tortura y la política penitencia española. Ha habido 35.000 detenidos por motivos políticos, 7.000 denuncias de torturas y decenas de asesinados por el terrorismo de Estado. Hoy las cárceles albergan a cerca de 800 presos vascos, dispersados a cientos de kilómetros de Euskal Herria, y tenemos a miles de compatriotas exiliados por todo el mundo. En los últimos años han sido ilegalizadas diez organizaciones políticas y sociales. El líder independentista Arnaldo Otegi está preso junto a más de 100 cuadros de la izquierda abertzale y otras organizaciones. Hace nueve meses se produjo la última “desaparición” de un militante de ETA, Jon Anza, de la que acusan a las fuerzas policiales españolas.
Sea Felipe González, Aznar o Zapatero, todos han aplicado la misma fórmula ante el independentismo vasco: represión. Sin embargo, el pueblo vasco ha seguido en la lucha, ha comenzado a estructurar su propio país y la gran mayoría de la sociedad ve clara la necesidad de un acuerdo político que acabe con esta espiral de sufrimiento. Por eso, ante el fracaso de la vía represiva, los tres gobernantes españoles terminaron entablando negociaciones con ETA y con representantes de los partidos vascos.
Hasta ahora, ninguno de estos tres procesos (1989, 1998 y 2006) cerró la herida abierta, pero en el último de ellos sí que se avanzó notablemente en la concreción de una posible solución al conflicto. En una reunión celebrada en mayo de 2007 en una ciudad europea, los mediadores internacionales dibujaron una hoja de ruta que fue aceptada por la izquierda independentista: 1) posibilitar la unidad administrativa de las cuatro provincias “vasco-españolas” dentro del estado español, si sus habitantes así lo expresan por mayoría en las urnas; 2) hacer lo mismo en el caso de las tres provincias “vasco-francesas”; 3) posibilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación de estos territorios vascos si sus instituciones lo demandan y el pueblo lo ratifica por referéndum; 4) terminar con la persecución política del independentismo; 5) acordar los detalles de desmilitarización y liberación de presos.
ETA ofreció su autodisolución si se cumplían estos mínimos, pero la propuesta fue rechazada por el PSOE. Y la mesa se rompió, dando paso a la fase de enfrentamiento en la que ahora nos encontramos. Pero cabe preguntarse: ¿Qué tiene esta propuesta para que no sea aceptada por España? ¿Es porque deja en manos de la ciudadanía vasca la decisión sobre su futuro? ¿Y no era eso la democracia?
Los “demócratas” de la corte madrileña dicen que son los ciudadanos españoles quienes deben decidir el futuro de Euskal Herria o Cataluña, lo cual es un auténtico absurdo, porque en todos los procesos de liberación siempre ha sido la propia colonia la que ha optado por un camino u otro, sin preguntar a la metrópoli su opinión sobre el asunto.