lunes, 8 de febrero de 2010

Pese a la represión, Euskal Herria ya está en marcha

Tras la ruptura del proceso negociador, ETA dio por finalizada la tregua decretada en 2006 e inició una cadena de acciones armadas contra policías e instalaciones militares, sedes del Partido socialista e intereses económicos del Estado. Por otra parte, la policía española detuvo a numerosos militantes de esta organización y también se le acusa de la “desaparición” de uno de ellos, Jon Anza, en paradero desconocido desde hace nueve meses, así como de varios secuestros e interrogatorios extrajudiciales a militantes políticos, decenas de casos de torturas…
En este periodo también fue encarcelada toda la dirigencia de Batasuna, el partido de la izquierda independentista, y el Estado español continuó su dinámica de ilegalización de organizaciones políticas y civiles, enviando a prisión a unas 200 personas bajo la premisa de que “todo es ETA”: militantes barriales de izquierda, miembros de organizaciones juveniles y de apoyo a los presos, conocidos dirigentes políticos… En el acelerón represivo del Gobierno de Zapatero, hasta el propio Lehendakari (presidente del Gobierno Vasco) Juan José Ibarretxe fue procesado por reunirse con Batasuna.
En el capítulo institucional, el pasado mes de mayo los partidos españoles se cobraron una pieza muy codiciada: el Gobierno Vasco. PP y PSOE nunca habían logrado sumar una mayoría en el Parlamento Vasco, pero en las últimas elecciones fue prohibida la candidatura de la izquierda independentista y los más de 100.000 votos que recibió (un 10% del voto emitido) fueron declarados nulos. De esta forma, los partidos de Madrid pudieron al fin alzarse con la presidencia, entre denuncias de “pucherazo” y fraude electoral. Y así, no es de extrañar que la sociedad vasca manifieste su sonoro rechazo a este gobierno: según una encuesta oficial de hace unas semanas, el 71% de los vascos tiene poca o ninguna confianza en el nuevo lehendakari, Patxi López, del PSOE.
En estos meses, el ilegítimo presidente vasco ha decretado numerosas medidas de acoso contra el independentismo, al que pretende borrar del mapa político y social en base a un objetivo declarado: la derrota no sólo de ETA, sino, y sobre todo, de la posibilidad de que el pueblo vasco ponga en marcha una estrategia eficaz para lograr su autodeterminación. Así, el PSOE ha puesto en marcha medidas tan simbólicas como cambiar los mapas del tiempo de la televisión pública vasca, separando territorios históricos y difuminándolos en la “gran España”; o tan represivas como prohibir todo tipo de manifestación de la izquierda vasca; o la persecución sistemática de las fotos de los presos políticos... ¿Se imaginan a las Madres de la Plaza de Mayo apaleadas por la policía para arrebatarles las fotos de sus hijos? Pues algo parecido está pasando en el País Vasco en las marchas por los derechos de los presos.
En estos días, el Gobierno rechaza la posibilidad de toda negociación y mantiene su apuesta por la vía policial, lo que induce a pensar que el PSOE no tiene interés por resolver el conflicto y está cómodo con las ilegalizaciones, ya que le permiten hacerse con intendencias y gobiernos provinciales que no podrían alcanzar con el concurso de todas las fuerzas políticas. Y, además, así también mantienen “congelado” y bloqueado el tema vasco, imposibilitando una solución y propiciando este permanente cierre en falso del conflicto.
Mientras tanto, los independentistas trabajan en la creación de lo que se ha venido a llamar “polo soberanista”, una alianza estratégica que aglutine a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que apuestan por la supervivencia cultural y política del País Vasco, para unir fuerzas y voluntades en la resolución del conflicto y en la puesta en marcha de un proceso democrático que garantice a la ciudadanía vasca el derecho a decidir su futuro.
El Estado español ha respondido a esta iniciativa encarcelando al líder de la izquierda independentista, Arnaldo Otegi, al ex secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez, a otros 5 dirigentes de la izquierda abertzale y a 34 militantes más de la organización juvenil Segi, al tiempo que los jueces también han comenzado a amenazar al resto de fuerzas que van sumándose a este bloque.
Sin embargo, frente a los constantes sabotajes e intoxicaciones del Estado, la mayoría política y sindical del país ha salido a la calle, de forma unitaria, para protestar por estas operaciones represivas. Y todo parece indicar que el proceso de unidad soberanista seguirá dando pasos, que esa confluencia se dotará de una propuesta política, que Euskal Herria ya está en marcha para cerrar de una vez la herida abierta.

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